Red de Apoyo a Mujeres

Debido a que el sistema legal surgió en el marco de una forma de organización social patriarcal, éste se fundó protegiendo el dominio paternal y la sumisión de las mujeres. Como la familia era considerada una institución privada en donde, el hombre representaba la autoridad total en el seno familiar, la ley dejaba de aplicarse a las puertas del hogar y la violencia conyugal no era considerada un delito sino que un derecho del hombre “jefe de familia”, sobre su mujer “objeto de su propiedad”.

Algunas de estas disposiciones legales que favorecían esta ideología han desaparecido recientemente. Actualmente, la violencia conyugal es un fenómeno denunciado públicamente y constituye una violación a la integridad física y moral de las mujeres. Es un atentado a los derechos fundamentales de la persona: derecho a la seguridad, a la libertad de movimiento, a la libre disposición de su cuerpo y a la libertad de elección. La ley existe para hacer respetar estos derechos y debe, entonces, aplicarse también dentro de la familia. La violencia es un delito, cualquiera que la usa está afuera de la ley y debe ser condenado por esto.

Sin embargo, el legado de una justicia patriarcal tiene como resultado respuestas ineficaces, punitivas o indiferentes hacia la mujer maltratada que busca ayuda. Este patrón de respuestas hace que la mujer se sienta aún más desamparada y atrapada que antes de buscar ayuda. Al mismo tiempo, permite que el hombre violento siga agrediendo a su pareja debido a que encuentra apoyo para creer que el abuso es justificado o que éste carece de importancia. Se da cuenta que nadie va a intervenir para castigar sus actos violentos ni para proteger a su víctima (Dobash & Dobash, 1990, p. 58).

Algunos de los obstáculos que la mujer maltratada puede encontrar al buscar apoyo en el sistema de justicia son:

En la mayoría de países, existe un marco legal deficiente para poder tipificar correctamente la violencia conyugal. Esto hace que este problema sea condenado de manera insuficiente. Los hombres violentos saben esto y, muchas veces, lo utilizan como argumento: “puedes acusarme”, “a nadie le importa”, “no tengo ningún riesgo”. ¿Por qué un hombre dejaría de ser violento si no se le hace entender que no tiene derecho de agredir a su mujer y que va a ser sancionado por esto? El sentimiento de impunidad favorece la violencia. Debido a esto, la presión del cumplimiento de la ley es necesario para poder erradicar la violencia conyugal.
Mala aplicación de la ley: Todas las posibilidades que están inscritas en la ley para erradicar y prevenir la violencia intrafamiliar son raramente aplicadas o son obstaculizadas, lo que limita la eficacia de su funcionamiento. Los siguientes factores influyen en la mala aplicación de la ley:

Las mujeres, en general, están poco informadas acerca de sus derechos.
Muchas veces, las personas e instituciones encargadas de la aplicación de la ley están poco instruidas en los problemas específicos de la violencia conyugal. Además, los puntos de vista patriarcales y las creencias prejuiciosas todavía afectan a jueces, fiscales e incluso a los propios abogados defensores de las víctimas.
Las jurisdicciones son complicadas y los procesos son largos y engorrosos.
Muchas mujeres maltratadas encuentran dificultades para poder hacer las denuncias: muchas veces tienen problemas para aportar pruebas y evidencias; muchas denuncias son archivadas sin darles seguimiento; muchas denuncias conducen a una mediación penal que no constituye en ningún caso una sanción.
Los procesos penales y civiles son independientes, lo que conlleva, muchas veces, a una incoherencia en la toma de decisiones. Asimismo, puede ser también una fuente de dificultad para las mujeres que tienen hijos cuando éstos son utilizados por su pareja como un medio para atacarlas.
La protección de las víctimas: Muchas veces, las víctimas necesitan protección durante el período en donde inician el proceso judicial. Según Walker (1989), la mujer víctima de violencia doméstica percibe un incremento en el terror por su vida durante el proceso de separación, divorcio o lucha por la custodia legal de sus hijos, debido a que ella sabe que su pareja prefiere matar o suicidarse, antes de ser abandonado por su mujer. Aunque la vida de la mujer maltratada puede correr más riesgo durante el período en el que inicia un procedimiento judicial, muchas veces, las personas e instituciones encargadas de la aplicación de la ley y de brindarles seguridad no intervienen adecuadamente en su situación y no les brindan la protección que necesitan.
La custodia de los niños: Una de las amenazas comunes que el hombre violento usa en contra de la mujer es quitarle la custodia de los niños o secuestrarlos si ella lo abandona. En algunos casos, el sistema legal le otorga la custodia de los niños al padre, sin importar si éste es agresivo o ausente.

Culpabilización de la mujer y minimización del abuso: Muchas veces, algunos policías, jueces y oficiales de tribunales culpan a las mujeres por haber sido abusadas y minizan las agresiones. De acuerdo con el Governor´s Battered Women Working Group (Ptacek, 1990), en un estudio realizado en Massachusetts para determinar cuál era la respuesta del sistema criminal ante las mujeres víctimas de maltrato, se encontró una serie de reportes en donde se pone en evidencia la respuesta indiferente y punitiva de este grupo hacia la mujer maltratada que busca ayuda en el sistema legal: Un policía le dijo a una mujer maltratada: “prostituta”; otro agente le dijo a otra mujer: “Ustedes obtienen lo que se merecen”; un oficial de un tribunal le preguntó a otra mujer maltratada: “¿Qué hizo usted para merecer el abuso?”; un juez le expresó a una mujer que si su esposo no tomaba, no le era infiel o no apostaba, ella no tenía ningún motivo para estar en la corte, y, en otro caso, un policía se puso a bromear con el agresor a pesar de saber que él acababa de agredir a su esposa de tal manera que necesitaba hospitalización. (p. 154). La eficacia de la ley depende en gran parte de su aplicación. Los problemas en el sistema legal planteados anteriormente contribuyen al sentimiento de impunidad del agresor y constituyen una barrera para la mujer maltratada que busca ayuda o que quiere separarse de su pareja.